Tenéis pacto de socios y nadie recuerda qué dice

Los estatutos son la norma interna de la sociedad: se otorgan en escritura, se inscriben en el Registro Mercantil y son públicos, de modo que vinculan a la sociedad, a los socios presentes y futuros y a quien se relacione con ella. El pacto de socios (o pacto parasocial) es un contrato privado entre los socios que lo firman: obliga a esos firmantes como cualquier contrato, pero la Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 29 que los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad. En la práctica eso significa que un acuerdo que solo está en el pacto puede no impedir que la junta adopte un acuerdo contrario: quien lo incumple responde frente a los demás socios por incumplimiento de contrato, pero el acuerdo social puede seguir en pie. Por eso lo habitual es trabajar con las dos piezas a la vez: llevar a estatutos lo que la ley permite (régimen de transmisión de participaciones, mayorías reforzadas, causas de separación y de exclusión, prestaciones accesorias) y dejar en el pacto lo que no cabe o no interesa hacer público.

Sí, y es el mejor momento para usarla. Sin pacto, cada una de las diez áreas se resuelve por lo que diga la ley y lo que digan unos estatutos que muchas veces son un modelo estándar, y eso rara vez coincide con lo que dos o tres socios habrían acordado si lo hubieran hablado. El resultado te sirve de guion para esa conversación: qué hay que decidir sobre bloqueos, salidas, precio de las participaciones, entrada de herederos, dividendos o no competencia, y qué de todo eso conviene llevar a estatutos desde el principio, aprovechando que la ley admite todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientes siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social (art. 28 LSC). Hablarlo antes de que haya dinero de por medio cuesta una tarde; hablarlo después cuesta mucho más.

Que la sociedad se para. Con dos bloques iguales, ningún acuerdo alcanza la mayoría que exige la ley y la junta deja de decidir: no se aprueban cuentas, no se renuevan cargos, no se reparte nada. La Ley de Sociedades de Capital contempla precisamente ese escenario: la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento es causa de disolución (art. 363.1.d), y si la junta no acuerda la disolución, cualquier interesado puede pedirla al juez de lo mercantil (art. 366). Es decir, la salida existe, pero es la peor de todas: se acaba la empresa. Por eso un pacto de socios en una sociedad 50/50 sin un mecanismo de desbloqueo pactado de antemano (voto de calidad, tercero dirimente, cláusulas de compra recíproca) es el hueco más caro que puede tener una sociedad.

Si el pacto o los estatutos fijan un método de valoración, se aplica lo pactado. Si no hay nada, y se trata de un supuesto legal de separación o exclusión, la Ley de Sociedades de Capital prevé que, a falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de sus participaciones o sobre quién debe valorarlas, las valore un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio social (art. 353). Es una solución de cierre, no un buen plan: tarda, cuesta y el resultado no lo controla nadie. Además, la ley prohíbe que los estatutos atribuyan esa valoración al auditor de la sociedad (art. 107.3). Fijar de antemano el método (múltiplo de EBITDA, valor contable ajustado, tasación por experto elegido de una lista cerrada) es la forma de que una salida no se convierta en un pleito.

Sí, salvo previsión en contra. La Ley de Sociedades de Capital establece que la adquisición de participaciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio (art. 110.1). Sus herederos pasan a ser socios con sus derechos de voto, de información y a participar en los beneficios, aunque no conozcan el negocio ni tengan relación con los demás. La misma norma permite que los estatutos establezcan a favor de los socios sobrevivientes, y en su defecto de la sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido por su valor razonable el día del fallecimiento, pagadero al contado y ejercitable en el plazo máximo de tres meses desde que se comunique a la sociedad la adquisición hereditaria (art. 110.2). Conviene subrayar que esa cláusula, para funcionar frente a la sociedad y a los herederos, tiene que estar en los estatutos: si solo está en el pacto de socios, su eficacia es mucho más discutible. Y hay que revisar en paralelo el testamento de cada socio, para que lo que dice la sociedad y lo que dice la herencia no se contradigan.

Sirve, y bastante. Si respondes que no lo sabes en varias áreas, el resultado te lo va a decir con claridad: tenéis un documento cuyo contenido nadie controla, y eso significa que no podéis tomar decisiones apoyándoos en él. En un conflicto, la primera pregunta de cualquier abogado es qué dice exactamente vuestro pacto y qué dicen vuestros estatutos; si la respuesta tarda semanas en llegar, ya se han perdido semanas. En esos casos lo razonable es una revisión documental: leer pacto y estatutos juntos, comprobar si lo pactado está donde tiene que estar y hacer una ficha de una página con las reglas que de verdad os aplican. Esta herramienta te dice si estás en ese escenario; no sustituye a esa lectura.

Solo si lo habéis previsto y lo habéis previsto bien. Las cláusulas de buen y mal saliente (good leaver / bad leaver) hacen depender el precio y las condiciones de recompra de la causa de salida, y suelen combinarse con la exclusión de socios o con causas estatutarias de separación, que la ley permite crear en estatutos determinando cómo se acredita la causa, cómo se ejercita el derecho y en qué plazo (art. 347), con el consentimiento de todos los socios para incorporarlas, modificarlas o suprimirlas. La no competencia también tiene su propio régimen: para los administradores, el deber de lealtad es imperativo y la dispensa de la prohibición de competir exige acuerdo expreso y separado de la junta general (arts. 230.1 y 230.3). No podemos decirte si tus cláusulas concretas funcionan sin verlas; lo que sí podemos decirte es si esas áreas están o no reguladas.