En tu empresa familiar todo pasa por ti

Por defecto, la adquisición de participaciones por sucesión hereditaria convierte al heredero o al legatario en socio: entra en la sociedad aunque los demás no lo conozcan ni lo quieran (art. 110.1 de la Ley de Sociedades de Capital). La propia ley permite evitarlo, pero hay que haberlo previsto antes: los estatutos pueden reconocer a los socios que sobreviven, y en su defecto a la sociedad, un derecho a adquirir las participaciones del socio fallecido por su valor razonable el día del fallecimiento, pagadero al contado, y ese derecho debe ejercitarse en el plazo máximo de tres meses desde que se comunica a la sociedad la adquisición hereditaria (art. 110.2 LSC). Si los estatutos no dicen nada, se aplica la regla general y los herederos entran. Por eso conviene revisar los estatutos y el testamento a la vez, no por separado.

Por lo que se rompe antes, no por lo más ambicioso. Primero, la firma: comprobar quién puede actuar en nombre de la sociedad si el administrador no puede, porque la representación corresponde a los administradores (art. 234 LSC) y sin apoderamiento inscrito no hay sustituto inmediato. Segundo, los estatutos: mirar qué dicen sobre la transmisión de participaciones y sobre qué ocurre al fallecer un socio (art. 110 LSC), que es donde se decide quién acaba sentado en la mesa. Tercero, el pacto de socios, para ordenar lo que la ley deja abierto entre vosotros. Y cuarto, el testamento de cada socio, que es lo que casi siempre se queda sin revisar. Cada paso es útil por sí solo: no hace falta tenerlo todo hecho para estar mejor que ayer.

El pacto de socios es un contrato entre los socios que ordena lo que la ley deja abierto: cómo se decide, qué pasa si alguien quiere salir, cómo se valoran las participaciones, quién puede entrar, qué ocurre en caso de fallecimiento, incapacidad o divorcio. El protocolo familiar es el marco más amplio: mezcla reglas de familia y de empresa (quién puede trabajar en la compañía y con qué condiciones, cómo se reparte el dividendo, cómo se elige al sucesor, cómo se resuelven los conflictos). Un aviso importante: los pactos que se mantienen reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad (art. 29 LSC). Por eso lo que se quiere que sea exigible frente a la sociedad y frente a terceros conviene llevarlo a los estatutos, que admiten todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientes siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social (art. 28 LSC).

Mientras hay acuerdo, ninguno. El problema aparece el día que no lo hay: en una sociedad limitada los acuerdos se adoptan por mayoría de los votos válidamente emitidos (art. 198 LSC), y con dos socios al 50 % enfrentados no hay mayoría posible. La junta no aprueba cuentas, no renueva el órgano de administración y no autoriza operaciones. La ley contempla ese escenario: la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento es causa legal de disolución (art. 363.1.d LSC), y si la junta no adopta el acuerdo, cualquier interesado puede instar la disolución judicial (art. 366 LSC). Es decir, el desenlace previsto por la ley para un bloqueo permanente es cerrar la empresa. Se puede evitar antes con mecanismos de desbloqueo pactados: voto de calidad, tercero dirimente, opciones de compra cruzadas, mayorías reforzadas para asuntos concretos (arts. 28 y 200 LSC).

El Código Civil lo prevé expresamente. El testador que, en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia, quiera preservar indivisa una explotación económica o mantener el control de una sociedad de capital puede hacer él mismo la partición y disponer que a los demás interesados se les pague su legítima en metálico, sin que sea necesario que exista dinero suficiente en la herencia: cabe pagar con efectivo de fuera de la herencia y aplazar el pago hasta un máximo de cinco años desde el fallecimiento (art. 1056, párrafo segundo, del Código Civil). Es una herramienta potente y exigente: requiere valorar bien la empresa, dejar el pago perfectamente definido y coordinar el testamento con los estatutos y con el protocolo. Hecha a medias, genera más conflicto del que evita. Esta herramienta detecta si tu testamento está o no coordinado con tus participaciones; el cálculo de legítimas y de la fiscalidad exige revisión con documentos delante.

Nadie, salvo que se haya previsto antes. La representación de la sociedad corresponde a los administradores y se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social (art. 234 LSC): si el único administrador no puede ejercer, la sociedad se queda sin quien firme nóminas, contratos o bancos hasta que la junta nombre a otro, lo que exige convocarla y reunirla. Las dos piezas que evitan el parón son un apoderamiento mercantil inscrito a favor de otra persona de confianza y, en el plano personal del socio, un poder preventivo notarial: el Código Civil permite incluir en un poder una cláusula que estipule que subsista si en el futuro el poderdante precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad (art. 256 CC), o directamente otorgar el poder solo para ese supuesto (art. 257 CC), dentro de las medidas voluntarias de apoyo del art. 255 CC. Son documentos rápidos y baratos comparados con lo que cuesta no tenerlos.

No hay una respuesta única, pero sí una pregunta que conviene hacerse: si el local, la nave o los pisos están dentro de la sociedad que opera, están expuestos al riesgo del negocio, y a la vez complican el relevo, porque quien hereda la actividad hereda también el ladrillo y viceversa. La alternativa habitual es separar patrimonio y actividad, con los efectos mercantiles, contables, fiscales y de financiación que eso tiene en cada caso. No damos cifras ni tipos: cualquier reorganización societaria tiene consecuencias fiscales que dependen de la situación concreta y deben analizarse antes, no después.