¿Quién firma por ti si mañana no puedes?

Cada alerta de esta herramienta se activa por una regla escrita que se apoya en estas normas. Las revisamos con fecha y las citamos aquí para que puedas comprobarlo, no para adornar el resultado.

• Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

  Verificado: es la norma (BOE-A-2021-9233) que da la redacción vigente desde el 3 de septiembre de 2021 a los arts. 249, 250, 255 a 260, 262 a 265, 268, 271, 272, 287, 1387 y 1732 del Código Civil, y que modifica también la Ley 41/2003 y la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria.

• Código Civil, art. 249 (finalidad y principios de las medidas de apoyo)

  Verificado: las medidas de apoyo de origen legal o judicial solo proceden en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona, y todas deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad; quien presta apoyo debe actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

• Código Civil, art. 250 (catálogo de medidas de apoyo)

  Verificado: además de las de naturaleza voluntaria, las medidas son la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Las voluntarias las establece la propia persona designando quién le presta apoyo y con qué alcance; la curatela se aplica a quien precisa apoyo de modo continuado y su extensión la fija la resolución judicial.

• Código Civil, art. 255 (medidas de apoyo voluntarias en escritura pública)

  Verificado: cualquier persona mayor de edad puede prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo sobre su persona o bienes, con el régimen de actuación, alcance de facultades, órganos de control, salvaguardas y plazos de revisión. El notario lo comunica de oficio al Registro Civil. Solo en defecto o insuficiencia de estas medidas, y a falta de guarda de hecho suficiente, adopta la autoridad judicial otras supletorias o complementarias.

• Código Civil, art. 256 (poder con cláusula de subsistencia)

  Verificado: el poderdante podrá incluir una cláusula que estipule que el poder subsista si en el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad.

• Código Civil, art. 257 (poder otorgado solo para el caso de necesidad de apoyo)

  Verificado: se puede otorgar poder solo para el supuesto de que en el futuro se precise apoyo; para acreditar que se ha producido esa situación se está a las previsiones del poderdante y, si fuera preciso, se otorga acta notarial que incorpore el juicio del notario y un informe pericial en el mismo sentido.

• Código Civil, art. 258 (vigencia, salvaguardas y extinción de los poderes preventivos)

  Verificado: los poderes mantienen su vigencia pese a la constitución de otras medidas de apoyo; si se otorgaron a favor del cónyuge o pareja de hecho, el cese de la convivencia produce su extinción automática salvo voluntad contraria del otorgante o internamiento de este; el poderdante puede fijar órganos de control, condiciones, salvaguardas, plazos de revisión y formas específicas de extinción; y cualquier legitimado o el curador pueden pedir judicialmente la extinción si concurre en el apoderado causa de remoción del curador.

• Código Civil, art. 259 (poder de alcance general: sujeción a las reglas de la curatela)

  Verificado: cuando el poder preventivo comprende todos los negocios del otorgante, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo el apoderado queda sujeto a las reglas aplicables a la curatela en todo lo no previsto en el poder, salvo que el poderdante haya determinado otra cosa.

• Código Civil, art. 260 (forma de los poderes preventivos)

  Verificado: los poderes preventivos han de otorgarse en escritura pública y el notario autorizante los comunica de oficio y sin dilación al Registro Civil para su constancia en el registro individual del poderdante.

• Código Civil, art. 263 (continuidad de la guarda de hecho)

  Verificado: quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho continúa en su función incluso si existen medidas de apoyo voluntarias o judiciales, siempre que estas no se estén aplicando eficazmente.

• Código Civil, art. 264 (actuación representativa del guardador: autorización judicial)

  Verificado: cuando excepcionalmente se requiera actuación representativa del guardador de hecho, debe obtener autorización mediante expediente de jurisdicción voluntaria, y en todo caso para los actos del art. 287. No es necesaria autorización para solicitar una prestación económica que no suponga cambio significativo en la forma de vida, ni para actos sobre bienes de escasa relevancia económica y sin especial significado personal o familiar.

• Código Civil, art. 265 (control judicial del guardador de hecho)

  Verificado: mediante expediente de jurisdicción voluntaria la autoridad judicial puede requerir al guardador en cualquier momento para que informe de su actuación, establecer las salvaguardias necesarias y exigirle rendición de cuentas.

• Código Civil, art. 268 (proporcionalidad y revisión de las medidas judiciales)

  Verificado: las medidas adoptadas judicialmente son proporcionadas a las necesidades de la persona, respetan su máxima autonomía y atienden a su voluntad, deseos y preferencias; se revisan periódicamente en un plazo máximo de tres años, ampliable de forma excepcional y motivada hasta seis, y en todo caso ante cualquier cambio de situación.

• Código Civil, art. 271 (autocuratela)

  Verificado: cualquier persona mayor de edad puede proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas para ejercer la curatela, y establecer disposiciones sobre su funcionamiento y contenido: cuidado de su persona, reglas de administración y disposición de sus bienes, retribución, inventario o su dispensa y medidas de vigilancia y control.

• Código Civil, art. 272 (eficacia vinculante de la autocuratela)

  Verificado: la propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias vinculan a la autoridad judicial al constituir la curatela; solo puede prescindir de ellas, total o parcialmente y mediante resolución motivada, si existen circunstancias graves desconocidas por quien las estableció o alteración de las causas expresadas o presumiblemente tenidas en cuenta.

• Código Civil, art. 287 (actos del curador representativo que requieren autorización judicial)

  Verificado: el curador con funciones de representación necesita autorización judicial, entre otros, para enajenar o gravar inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales y valores no cotizados; dar inmuebles en arrendamiento por término inicial que exceda de seis años; disponer a título gratuito; renunciar derechos o transigir; aceptar sin beneficio de inventario o repudiar herencias; hacer gastos extraordinarios; interponer demandas salvo urgencia o escasa cuantía; y dar o tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.

• Código Civil, art. 1377 (disposición de bienes gananciales)

  Verificado: para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales se requiere el consentimiento de ambos cónyuges; si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, el juez podrá autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia, con las limitaciones o cautelas que estime convenientes.

• Código Civil, art. 1387 (transferencia legal de la administración de gananciales)

  Verificado: la administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se transfiere por ministerio de la ley al cónyuge nombrado curador de su consorte con discapacidad cuando le hayan sido atribuidas facultades de representación plena.

• Código Civil, art. 1388 (atribución judicial de la administración a un cónyuge)

  Verificado: los Tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encontrare en imposibilidad de prestar consentimiento, hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho.

• Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, art. 43 (competencia y postulación)

  Verificado: es competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia de la persona con discapacidad; en estos expedientes no es preceptiva la intervención de abogado y procurador salvo en los relativos a la remoción del tutor o curador y a la extinción de poderes preventivos, en los que sí es necesaria la intervención de abogado.

• Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, art. 1 (objeto)

  Verificado: su objeto es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y garantizar la afección de esos bienes, y de sus frutos, productos y rendimientos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares; constituyen el patrimonio especialmente protegido y su régimen es preferente sobre el Título XI del Libro I del Código Civil.

• Ley 41/2003, art. 2 (beneficiarios del patrimonio protegido y acreditación)

  Verificado: el art. 2.2 limita los beneficiarios del patrimonio protegido a las personas afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento y por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento. El art. 2.3 exige acreditar el grado mediante certificado expedido conforme a la normativa aplicable o por resolución judicial firme. La situación de dependencia reconocida y la necesidad de apoyo no son, por sí solas, título suficiente.

• Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, art. 84 (designación de beneficiario)

  Verificado: el tomador puede designar beneficiario o modificar la designación hecha sin necesidad de consentimiento del asegurador. «La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento.» La revocación exige, por tanto, revisar los tres cauces.

• Ley 41/2003, art. 3 (constitución del patrimonio protegido)

  Verificado: pueden constituirlo la propia persona con discapacidad, quienes le presten apoyo o la persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria autorizada al efecto; se constituye en documento público (o por resolución judicial en el supuesto del apartado 2) con inventario inicial, reglas de administración y fiscalización y las medidas de control y salvaguardas que se estimen oportunas; el notario lo comunica al fiscal.

• Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010), art. 171 (convocatoria en casos especiales)

  Verificado: en caso de muerte o cese del administrador único, de todos los solidarios, de alguno de los mancomunados o de la mayoría de los miembros del consejo, sin suplentes, cualquier socio puede solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de administradores; además, cualquier administrador que permanezca en el cargo puede convocarla con ese único objeto. El precepto se refiere a muerte o cese, no a una situación de necesidad de apoyo, que exige analizar estatutos y apoderamientos.